[EXTRADICIÓN]

“[...] De conformidad con la facultad contenida en la atribución 3a del Artículo 182 de la Constitución, corresponde a la Corte Suprema de Justicia conceder la extradición. Por lo, que, en atención al mandato constitucional, este Tribunal procede al análisis de la presente solicitud de extradición y la documentación adjunta. Así como, el marco jurídico aplicable y las diligencias practicadas por el Juez Décimo Segundo de Paz, con el propósito de realizar un estudio dirigido a verificar el cumplimiento de los requisitos de forma que debe revestir la solicitud, y un análisis de fondo para finalmente concluir, si es procedente o no, acceder a la solicitud, de extradición del señor […], que presenta el Gobierno de los Estados Unidos de América.

[CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN]

Para el estudio de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, con fundamento en el Tratado de Extradición de mil novecientos once (1911), cuyo propósito es llevar a la justicia de dicho país al señor […], para el cumplimiento de la condena por dos delitos, Agresión Sexual y el de Indecencia, sanción impuesta por las autoridades judiciales del Condado de Brazoria, Estado de Texas, es preciso examinar lo dispuesto sobre la extradición, específicamente cuando se trata de nacionales, en el Art. 28 reformado de la Constitución, el cual literalmente dice: "...La extradición será regulada de acuerdo a los Tratados Internacionales y cuando se trate de salvadoreños, sólo procederá si el correspondiente tratado expresamente lo establece y haya sido aprobado por el órgano Legislativo de los países suscriptores. En todo caso, sus estipulaciones deberán consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los salvadoreños todas las garantías penales y procesales que esta Constitución establece... La extradición procederá cuando el delito haya sido cometido en la jurisdicción territorial del país solicitante, salvo que se trate de delitos de trascendencia internacional, y no podrá estipularse en ningún caso por delitos políticos, aunque por consecuencia de éstos resultaren delitos comunes...La ratificación de los Tratados de Extradición requerirá los dos tercios de votos de los Diputados electos. (sic)"

[REQUISITOS DE PROCEDENCIA]

[...] Cuando se trate de salvadoreños, sólo procederá si el correspondiente tratado expresamente lo establece.

Dado que el instrumento vigente relativo a la extradición que vincula jurídicamente a los Estados Unidos de América y El Salvador, es el Tratado de mil novecientos once (1911), éste debe ser analizado a la luz de la reforma del Artículo 28 de la Constitución, que fue ratificada en el año dos mil, siendo necesario hacer una interpretación progresiva del referido Tratado, instrumento que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, de modo que el precepto constitucional sea efectivo y cumpla su finalidad.

El Artículo VIII del Tratado de Extradición expresamente dice: "Bajo las estipulaciones de este Tratado, ninguna de las Partes contratantes, estará obligada a entregar sus propios ciudadanos", estableciendo con tal precepto, la potestad de los Estados Parte, de estimar si confieren o no la extradición de sus nacionales. En ese sentido, expresamente establecieron dicha posibilidad atendiendo a las particularidades del caso concreto.

En cuanto a la manifestación expresa, como requisito constitucional para la extradición de nacionales, este Tribunal estima que, las normas contenidas en los instrumentos internacionales que regulan de manera potestativa o imperativa las obligaciones a que se comprometen los Estados Parte en atención, desde luego, a la soberanía de cada uno de los mismos, específicamente, en el caso de los instrumentos que versan sobre materia de extradición, habrá de entenderse que, si la norma prohíbe, no es posible la entrega de nacionales. Por otro lado, resultaría inconveniente a los Estados, establecer clausulas cerradas, en sentido imperativo, que imposibiliten el pleno ejercicio de su voluntad soberana.

Es por ello que, los preceptos redactados en forma potestativa, denominados también facultativos, son comúnmente utilizados en la elaboración de instrumentos internacionales.

En tal sentido, las anteriores premisas son retomadas por la doctrina, así, Eliseo Muro Ruíz, en su publicación "Algunos Elementos de Técnica Legislativa", página 245, Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México, de dos mil seis, dice: "Los tratados internacionales al ser resultado de complejas negociaciones internacionales, dejan ambivalencias y márgenes de interpretación. Su lenguaje y estructura son distintos de los que se aplican en la legislación interna. Por ende, se generan dificultades para las autoridades administrativas y jurisdiccionales al momento de su aplicación e interpretación, ya que los tratados son distintos respecto sus contenidos materiales..."

En ese orden de ideas, la redacción del Articulo VIII del Tratado de Extradición de mil novecientos once (1911), implica que el Estado requerido se reserva la facultad de entregar o no a sus connacionales, de acuerdo a su voluntad soberana.

Redacciones similares las encontramos en términos también facultativos, en el Artículo IV de la Convención de Extradición Centroamericana de mil novecientos veintitrés, es decir, en fecha muy próxima al Tratado en análisis; en el Artículo 2 de la Convención sobre Extradición, de Montevideo, Uruguay, de mil novecientos treinta y tres; y en el Artículo 5 del Tratado bilateral suscrito en mil novecientos noventa y siete, entre los Estados Unidos Mexicanos y El Salvador, los que literalmente en su orden dicen: "Convenio de Extradición Centroamericana, Washington, D.C. de de mil novecientos veintitrés": Artículo IV: Las Partes Contratantes no estarán en la obligación de entregar a sus nacionales; pero deberán enjuiciarlos por las infracciones de la ley penal cometidas en cualquiera de las otras Repúblicas. El Gobierno respectivo deberá comunicar las diligencias, informaciones y documentos correspondientes, remitir los objetos que revelen el cuerpo del delito y suministrar todo lo que conduzca al esclarecimiento necesario para la expedición del proceso. Verificado esto, la causa se continuará hasta su terminación, y el Gobierno del país del juzgamiento informará al otro del resultado definitivo. "(sic).

"Convención sobre Extradición, de Montevideo, Uruguay, de mil novecientos treinta y tres...Artículo 2: Cuando el individuo fuese nacional del Estado requerido, por lo que respecta a su entrega ésta podrá o no ser acordada según lo que determine la legislación o las circunstancias del caso a juicio del Estado requerido. Si no entregare al individuo, el Estado requerido queda obligado a juzgarlo por el hecho que se le imputa, si en él concurren las condiciones establecidas por el inciso b) del artículo anterior, y a comunicar al Estado requiriente la sentencia que recaiga. "(sic).

"Tratado de Extradición suscrito entre El Salvador y los Estados Unidos Mexicanos, de mil novecientos noventa y siete. Artículo 5. EXTRADICIÓN DE NACIONALES: I. La Parte Requerida tiene facultad discrecional para resolver sobre la extradición de sus nacionales. La nacionalidad será determinada atendiendo a la fecha de la comisión del delito por el cual se solicita la extradición. II. Si la solicitud de extradición fuere denegada exclusivamente por que el extraditable es nacional de la Parte Requerida, ésta deberá someter el caso a sus autoridades competentes para el enjuiciamiento del delito. III. Para los fines de la fracción anterior todos los documentos oficiales relacionados con el delito deberán ser transmitidos por la vía diplomática a la Parte Requerida, a la brevedad. Esta queda obligada a informar a la Parte Requirente sobre la acción tomada con respecto a su solicitud y el resultado del proceso. "(sic).

De los conformidad con ejemplos anteriores se advierte, que la forma de redacción potestativa utilizada en el Art. VIII, y que deja un margen de discrecionalidad a los Estados Parte, no es exclusiva del Tratado de Extradición de mil novecientos once, ya que refleja la técnica de redacción de los instrumentos internacionales, cuya pretensión no es invadir la esfera soberana de los Estados suscriptores, sino por el contrario, garantizar su aplicación de forma armónica, con el derecho interno de cada Estado.

En conclusión, el cumplimiento del requisito de norma expresa a que se refiere el Artículo 28 reformado de la Constitución, se cumple en el Tratado de Extradición de mil novecientos once, pues de manera clara, de su texto se extrae la voluntad expresa de los Estados Unidos de América y El Salvador, de entregar a sus nacionales redactado de forma potestativa y no imperativa, pues esta ultima restringiría el ejercicio pleno de la soberanía de los Estados signatarios.

[...] Que el Tratado haya sido aprobado por el Órgano Legislativo de los países suscriptores.

Sobre este requisito en particular, se considera que se ha cumplido, ya que en su oportunidad, de conformidad al ordenamiento jurídico vigente en mil novecientos once, el Tratado de Extradición, fue suscrito en la ciudad de San Salvador, el día dieciocho de abril de ese año, siendo la Asamblea Nacional Legislativa de la República de El Salvador, […]

[...] Que en las estipulaciones del Tratado deberán consagrar el principio de reciprocidad.

Sobre esta exigencia, este Tribunal estima que se cumple al expresar el Tratado de Extradición de mil novecientos once en sus considerandos lo siguiente: "La República de El Salvador y los Estados Unidos de América, juzgando conveniente para la mejor administración de justicia y la prevención de delitos dentro de sus respectivos territorios y jurisdicciones, que toda persona acusada o convicta de los delitos que más adelante se enumeran y que se halle prófuga de la justicia, deba ser recíprocamente entregada bajo ciertas circunstancias, han resuelto concluir un tratado a este propósito.... "(sic).

En consecuencia, el Tratado consagra el Principio de Reciprocidad, pues la referida disposición establece la obligatoriedad para ambos Estados Parte, de respetar el citado Principio en su aplicación.

[...] Que se le otorgue a los salvadoreños todas las garantías penales y procesales que la Constitución establece.

En lo relativo al otorgamiento a los salvadoreños de las garantías penales y procesales, es necesario aludir a tres aspectos importantes: i) el propósito de la petición de extradición; ii) las garantías que le fueron otorgadas al reclamado durante su procesamiento en el Estado requirente; y iii) las garantías que, en el caso sui generis, son necesarias que el Estado requirente le provea al extraditable, en caso se concluya acceder a la petición de extradición.

[...] El propósito de la presente solicitud de extradición radica, en que el reclamado […], concurra ante las autoridades judiciales del Estado requirente para el cumplimiento de la pena por dos delitos, condenas impuestas por un tribunal del jurado, del Condado de Brazoria, Estado de Texas, por habérsele encontrado culpable de los delitos de Agresión Sexual y el de Actos Obscenos con una Menor, en perjuicio de su hija biológica, [...], según se desprende de la documentación que compone la formal petición de extradición, específicamente, de la declaración jurada del Fiscal del caso, […]

[...] Al analizar la declaración jurada referida, este Tribunal observa que al extraditable […], se le proveyeron las garantías en el proceso que se instruyera en el Estado requirente, las cuales también son reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico penal y procesal penal, es decir: que ya existieran (contempladas en la legislación penal del Estado de Texas los hechos como ilícitos; que su caso fuera sometido ante tribunales preestablecidos; y que el reclamado haya tenido defensa técnica y material de un defensor durante el proceso. […]

[...] Garantías que, en el caso sui generis, son necesarias que el Estado requirente le provea al extraditable, en caso se concluya acceder a la extradición.

Dado que el procedimiento de extradición es para el cumplimiento de pena, las garantías a proveérsele al reclamado por parte del Estado requirente, en caso de accederse a su extradición serían las siguientes: el derecho de recurrir del fallo condenatorio, si aún es procedente; derecho a cualquier beneficio penitenciario; y a que el tiempo que ha guardado detención provisional en razón de la presente solicitud de extradición, le sea contado como parte de la pena privativa de libertad que se le ha impuesto por el delito de Agresión Sexual. Tiempo que deberá computársele a partir del […], fecha en que fue capturado por las autoridades policiales, en la jurisdicción de […], hasta el día de su entrega material a las autoridades del Estado requirente.

Consecuente con lo expresado en el párrafo que antecede, este tribunal se reserva la facultad de solicitar, cuando lo considere pertinente, informe al Estado requirente sobre el cumplimiento de las garantías antes indicadas.

[...] La extradición procederá cuando el delito haya sido cometido en la jurisdicción territorial de país solicitante, salvo que se trate de delitos de trascendencia internacional.

Según se manifiesta en la Nota Diplomática setecientos tres (703), de fecha […] y en la formal petición de extradición, ambos documentos formulados por las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, el hecho fue cometido en su territorio, especificamente, en el Condado de Brazoria, Estado de Texas. Por lo que se cumple con la exigencia del Artículo 28 de la Constitución, en lo pertinente al lugar de comisión del hecho que motiva la presente petición de extradición.

[...] La extradición no podrá estipularse en ningún caso por delitos políticos, aunque por consecuencia de éstos resultaren delitos comunes.

En la doctrina, al delito político se le define como: "...los cometidos exclusivamente por motivos políticos o de interés colectivo”.

El Código Penal salvadoreño por su parte, en su Artículo 21 prevé lo siguiente: "Para efectos penales se consideran delitos políticos los relativos al sistema constitucional y a la existencia, seguridad y organización del Estado...También se consideran delitos políticos los comunes cometidos con fines políticos, excepto los delitos contra la vida y la integridad personal de los jefes de Estado o de Gobierno...Son delitos comunes conexos con políticos los que tengan relación directa e inmediata con el delito político o sean un medio natural y frecuente de preparar, realizar o favorecer éste. "(sic)

De la lectura de los hechos narrados por el Fiscal […], se observa que éstos, a la luz de lo que expresa la doctrina y el Artículo 21 del Código Penal salvadoreño, no conforman un delito político ni conexo con éste. Por lo que se excluye definitivamente que los delitos atribuidos a […], sean de carácter político.

[...] La ratificación de los Tratados de Extradición requerirá los dos tercios de votos de los Diputados electos.

Este requisito a que se refiere el Art. 28 in fine, es de carácter genérico, es decir, es aplicable a Tratados que habilitan la extradición tanto de nacionales como de extranjeros.

Sobre este particular, es importante señalar que tal exigencia no es aplicable a los Tratados de Extradición que fueron suscritos y ratificados previamente a la reforma, pues éstos revistieron las formalidades que requería el ordenamiento jurídico imperante de la época, tal como sucede con el Tratado de Extradición de mil novecientos once (1911).

[...] Procedencia de la extradición de nacionales en el marco de lo dispuesto en la Constitución y el Tratado antes mencionado.

Para el desarrollo de este apartado, es preciso hacer referencia, en primer lugar, a la nacionalidad del reclamado, […].

Inicialmente, el Gobierno de los Estados Unidos en la Nota Diplomática número […], de fecha […], por medio de la que solicita la detención provisional con fines de extradición, expresó que el reclamado era estadounidense nacido en El Salvador; información que se reiteró en la petición formal de extradición adjunta a la Nota […] de fecha […], de la declaración jurada del Fiscal del caso […] que corre agregada a folios […] de la expresada solicitud.

No obstante lo anterior, mediante la Nota Diplomática número […], de fecha […], el Estado requirente aclaró que el reclamado en extradición no ostentaba la nacionalidad estadounidense, siendo únicamente un residente legal permanente en los Estados Unidos de América, radicado en ese país desde […].

La nacionalidad del reclamado fue corroborada por el Juzgado Décimo Segundo de Paz, al revisar los documentos extendidos por las autoridades salvadoreñas respectivas que se le incautaron al momento de su detención provisional con fines de extradición, consistiendo éstos en: documento único de identidad; licencia de conducir y número de identificación tributaria, antes relacionados en esta resolución.

En conclusión, se ha determinado claramente […] no es un ciudadano estadounidense, sino salvadoreño.

En cuanto a la extradición de nacionales y lo dispuesto en el Art. 28 reformado de la Constitución y el Tratado de Extradición de mil novecientos once, suscrito entre El Salvador y los Estados Unidos de América, es preciso hacer las siguientes consideraciones:

El Artículo en referencia fue reformado el […], mediante el Decreto Legislativo número […], y publicado en el Diario Oficial número […]

En dicha reforma, el legislador introdujo un cambio sustancial respecto a la extradición de nacionales al romper con la prohibición sostenida en las Constituciones precedentes, habilitando la facultad de entregar a nacionales a otro Estado en el marco de los Tratados Internacionales y evitar así la impunidad de aquellos connacionales que delinquen en países extranjeros y que se refugian en El Salvador. Tal habilitación, surge de una interpretación progresiva de lo dicho en la Constitución y los Tratados y Convenios sobre extradición suscritos y ratificados por El Salvador antes del […], año en que se diera la reforma, de manera, que conlleve dicha interpretación, a efectivizar el precepto constitucional actual y se cumpla con el propósito visualizado por el legislador de combatir la impunidad.

En este orden de ideas, el Artículo VIII del Tratado de Extradición debe entenderse inicialmente, como una disposición facultativa, cuya interpretación debe ser progresiva e integradora, de manera que sea congruente con el actual Artículo 28 de la Constitución. Cabe recordar, que el propósito de la suscripción y ratificación del Tratado de Extradición de mil novecientos once, fue el de mejorar la administración de justicia y la prevención del delito dentro de los respectivos territorios y jurisdicciones de los Estados Parte, tal y como se expresa en la parte introductoria del instrumento.

El Art. 271 de la Constitución, prescribe la obligación de la Asamblea Legislativa para armonizar la legislación secundaria con la Constitución. Tal disposición no puede entenderse como operante únicamente durante el primer año de vigencia de la Ley Fundamental de 1983, sino que se aplica a cada reforma constitucional, pues la exigencia de adecuación de las leyes a la Constitución es continua. En el caso concreto del art. 28, los Órganos encargados de suscribir y ratificar un nuevo tratado que desarrollara el nuevo contenido constitucional, omitieron cumplir dicho mandato, por lo cual corresponde al órgano aplicador hacer una interpretación progresiva que resuelva el problema.

Por tanto, el Principio que dimana del Art. 271 de la Constitución, obliga a hacer la labor de interpretación progresiva e integradora que hoy realiza esta Corte, en atención a la exigencia constitucional relativa a la adecuación de la normativa secundaria a lo dispuesto en la Constitución de mil novecientos ochenta y tres, dada la omisión de los órganos competentes para negociar, suscribir y ratificar instrumentos posteriores a la reforma del ya mencionado Art. 28, pues como ya se expresó, el Órgano Judicial no puede sustraerse de resolver sobre un asunto de su competencia por falta de disposición post-constitucional, o como en este caso, post-reforma. En ese sentido, es oportuno hacer un llamamiento al Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para que, por medio de sus autoridades competentes, cumplan con lo prescrito en el Art. 271 Cn., es decir, armonizar con la Constitución las leyes de la República.

Asimismo, es importante tomar en consideración que ante una petición planteada, la Corte siendo la autoridad competente según la Constitución, Art. 182 No. 3, debe resolverla conforme al ordenamiento vigente, siendo ésta, en el caso particular, el Tratado de Extradición de mil novecientos once. Cabe señalar, que no le está permitido a los tribunales sustraerse de resolver en razón a lagunas o insuficiencias normativas en el ordenamiento. Debe servir entonces de base a las decisiones judiciales la integración del ordenamiento jurídico.

Por otra parte, cabe resaltar que la modificación en cuanto a la extradición de nacionales que introduce la reforma del Artículo 28, resulta ser congruente con el llamamiento que hace la comunidad internacional a los Estados, al recomendar que modifiquen sus legislaciones con el propósito de eliminar barreras técnicas, tales como el factor de nacionalidad, exigencia de requisitos formales excesivos, y ausencia de convenios o tratados, entre las más frecuentes, que imposibilitan la persecución del delito. Tal llamamiento se observa en lo expresado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución […] sobre la Cooperación Internacional en Asuntos Penales, al decir que: " 9. Invita a los Estados Miembros a que examinen la posibilidad de aplicar las siguientes medidas, según proceda y en el marco de los ordenamientos jurídicos nacionales, en el contexto de la utilización y aplicación de tratados de extradición u otros arreglos conexos;... d.- reducir los requisitos técnicos necesarios, incluida la documentación, para comprobar si se cumplen las condiciones para la extradición cuando se acuse a una persona de un delito;(sic)."

Hechas estas consideraciones, es oportuno manifestarse respecto a lo argumentado por el Licenciado […], abogado del extraditable, en lo relativo a la aplicación del Artículo 17 del Código Procesal Penal para la interpretación del Tratado con relación al Art. 28 de la Constitución, disposición que dice: "...se interpretarán restrictivamente todas las disposiciones legales que coarten la libertad personal, que limiten el ejercicio de un derecho o facultad conferida a los sujetos procesales o que establezcan sanciones disciplinarias.- La interpretación extensiva o la analógica quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus facultades”.

Sobre el particular, este Tribunal considera que la norma invocada por el Licenciado […], no es aplicable al caso sui géneris, por cuanto el procedimiento de extradición es un procedimiento extraordinario o especial. Asimismo, tiene su origen en un compromiso entre Estados bajo el principio de pacta sunt servanda, mediante el cual, en el marco de determinadas reglas plasmadas en un Tratado, se comprometen al cumplimiento de determinadas obligaciones, tal como es el pleno reconocimiento de las resoluciones emitidas por autoridades extranjeras.

Por otra parte, el artículo citado por el Licenciado […] tiene aplicación para la jurisdicción ordinaria en el que existe pleno ejercicio del ius puniendi, pero dicha disposición no puede ser parámetro de interpretación para un instrumento jerárquicamente superior a la norma penal.

En razón a todo lo expresado en los anteriores considerandos, este Tribunal estima que en el caso sui géneris, si procede la extradición de nacionales que solicita el Estado requirente, ya que el Tratado de Extradición de mil novecientos once es norma vigente y además es compatible con el Artículo 28 de la Constitución reformado.