PROCESO DE LESIVIDAD

SUPONE QUE PARA RETIRAR UN ACTO FAVORABLE DEL MUNDO JURÍDICO, LA ADMINISTRACIÓN DEBE IMPUGNARLO EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, DONDE SE DISCUTIRÁ SU LEGALIDAD, PREVIA DECLARATORIA DEL CARÁCTER LESIVO DEL ACTO

"De conformidad con la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, "la Administración Pública podrá demandar la ilegalidad del acto administrativo firme dictado por ella misma, generador de algún derecho, siempre que el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo originó haya declarado previamente mediante acuerdo, que es lesivo al interés público..."

Lo anteriormente expuesto denota que en contraposición a la revisión de oficio, en que la Administración revoca por su propia decisión y por sí misma un acto que ha emitido, la existencia de la vía de lesividad supone que para retirar un acto favorable del mundo jurídico, la Administración debe impugnarlo en sede contencioso administrativa, donde se discutirá su legalidad, previa declaratoria del carácter lesivo del acto.

 

INNECESARIA DECLARATORIA DE LESIVIDAD RESPECTO DE LOS ACTOS POSTERIORES AL ACTO ADMINISTRATIVO PRIMIGENIO QUE YA FUE DECLARADO LESIVO Y QUE ES OBJETO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE JURISDICCIONAL

“Afirma la Sociedad Drillmasters, S.A. de C.V. en sus escritos que la demanda es improponible debido a que el acto de adjudicación declarado lesivo e impugnado en esta sede "ampara un contrato vencido". El referido contrato fue posteriormente prorrogado por otro acto administrativo dictado por la autoridad demandante. Y: "ya que el contrato de mérito tiene su validez amparada en un acto administrativo que no ha sido declarado lesivo"-como es la prórroga del mismo-, la demanda no cumple con los requisitos legales.

El acto de adjudicación dictado por la parte actora y declarado lesivo, es el que dio origen a la posterior concurrencia del contrato y su prórroga. La anterior afirmación se debe al proceso lógico de licitación y contratación de la Administración Pública, ya que previo a la celebración del contrato debe existir un acto de adjudicación válido que legitime a las partes para concurrir al mismo. Así, en la medida que el referido contrato se encuentra amparado por el acto de adjudicación (que se presume válido), en esa medida serán calificados también los posteriores actos -como el de prórroga-.

Lo anterior indica que la condición de validez de la firma del contrato y su ejecución dependen directamente del acto de adjudicación, el cual se constituye como el primigenio.

Considerando el análisis realizado, este Tribunal concluye que el acto administrativo declarado lesivo, objeto de impugnación en el presente proceso, es el acto primigenio que condiciona la validez de las posteriores actuaciones, incluyendo el acto prórroga. Por lo que no es necesaria la declaratoria de lesividad de actos posteriores al de adjudicación.

Por tanto, no ha lugar a la improponibilidad solicitada por la parte actora.”