388-2002

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las catorce horas y cuarenta y cuatro minutos del día seis de julio de dos mil cuatro.

El presente proceso de amparo constitucional se inició por demanda presentada por el señor Adelo Gallegos Galdámez por violación a sus derechos constitucionales de audiencia, propiedad, seguridad jurídica, libre disposición de los bienes cometidos por la Jueza de Familia de Nueva San Salvador y la Cámara de Familia de la Sección del Centro de San Salvador.

Han intervenido en el proceso, el mencionado señor Gallegos Galdámez, la Jueza de Familia, licenciada Santos Iveth Erazo Quijano; los Magistrados de la Cámara Dr. José Arcadio Sánchez Valencia y licenciada Rhina Elizabeth Ramos González y, el Fiscal de la Corte.

Leídos los autos, y Considerando:

I-Que en la demanda se expresa en lo esencial, lo siguiente: que el señor Salvador Armando Berríos Padilla le vendió al actor un inmueble situado en la Urbanización Vía del Mar, calle número uno, casa número diez; que la esposa del vendedor promovió ante el Juez Primero de Familia de San Salvador proceso de divorcio, solicitando la medida cautelar de asignación al uso provisional de la vivienda familiar, medida que recaía sobre el bien inmueble que legalmente había comprado, resolviendo el Juez no ha lugar a la petición; que por apelación interpuesta, la Cámara revocó la decisión del Juez y otorgó el uso de la vivienda a la señora Manón Irene Vides Hernández; que desde la fecha de la resolución no tiene conocimiento de cómo se encuentra su situación jurídica con respecto al derecho de propiedad y posesión del bien que está registrado a su nombre; que la Cámara de Familia violenta en forma absoluta el derecho de seguridad jurídica, a la propiedad y posesión y disponer libremente de sus bienes; que "la señora Juez de Familia de Nueva San Salvador me ha violentado el derecho de audiencia al no haber hasta ésta fecha resuelto al respecto".

En cumplimiento de la prevención formulada por esta Sala de conformidad con el art.18 L.Pr.Cn, el señor Gallegos Galdámez manifestó que la omisión concreta en que ha incurrido la Jueza demandada es precisamente no haber resuelto a la fecha, o sea la retardación para resolver; que la Cámara de Familia le violentó el derecho constitucional a disponer libremente de sus bienes, porque la propiedad es transmisible en la forma que lo determina la ley, irrespetándosele el derecho de propiedad y, evidentemente la seguridad jurídica.

Se admitió la demanda, se declaró sin lugar la suspensión del acto reclamado porque el acto atribuido a la Cámara ya estaba ejecutado y, el de la Jueza se trataba de una omisión.

La licenciada Santos Iveth Erazo Quijano manifestó en su primer informe no ser ciertos los hechos que se le atribuyen en la demanda. Los Magistrados de la Cámara también manifestaron no ser ciertos los hechos atribuidos en lo atinente a la violación de los derechos constitucionales.

En el segundo informe, la Jueza demandada manifestó que desde el 22 de octubre del 2001, el Tribunal se convirtió en pluripersonal, haciéndose a partir de esa fecha una distribución administrativa de los procesos, correspondiéndole al licenciado Herbert Ivan Pineda Alvarado, los clasificados con los número pares, por lo que el proceso NS-F-380-106-00 promovido por el señor Salvador Armando Berríos Padilla contra la señora Manon Irene Vides Hernández, fue conocido por el Juez Pineda Alvarado, habiendo ya pronunciado sentencia, encontrándose el proceso en la Cámara de Familia de la Sección del Centro.

La Cámara en el segundo informe manifestó por su parte en lo esencial: que el objeto del proceso de divorcio es la disolución del vínculo jurídico del matrimonio y, que como derecho conexo a él se discute el uso de la vivienda familiar; que una vez constituido el derecho al uso de la vivienda familiar, para la enajenación del inmueble se necesitará el consentimiento de ambos cónyuges, sin perjuicio que el Juez pueda autorizar la destinación, enajenación, constitución de derechos reales o personales sobre el inmueble, respetando el interés de la familia, siendo lo novedoso que el referido derecho se puede constituir coercitivamente; que el derecho a la seguridad jurídica no se ha violado, por cuanto la medida cautelar provisional, tiene como una de sus características la temporalidad; que no se dio intervención al decretarse esta medida porque las medidas cautelares son de carácter instrumental, temporal, modificables o mutables y precautorias; que la doctrina coincide que por su naturaleza las medidas cautelares no requieren de una prueba acabada o robusta, bastando la apariencia o verosimilitud del derecho o fumus boni iuris; que en el caso concreto, existen suficientes elementos acreditantes de la verosimilitud del derecho para acceder a la petición, porque uno de los objetivos de las medidas cautelares es mantener la situación de hecho existente al tiempo de su pedido, que para el caso sería que al momento de interponerse ambas demandas de divorcio, la señora Vides de Hernández y su hijo estaban residiendo en el inmueble que sirvió de habitación a la familia, en donde al menos hasta el uno de junio de mil novecientos noventa y nueve, vivió con ellos el señor Berríos Padilla; que el derecho a la libre disposición de los bienes se ha respetado, por lo antes apuntado y porque el artículo 103 Cn reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en función social.

El Fiscal de la Corte manifestó que la carga de la prueba le corresponde al actor y, que cuando la autoridad demandada niega los hechos, pero su negativa contiene una afirmación o cuando se excepciona, la parte actora tiene la obligación de probar lo contrario. La parte actora no contestó el traslado del art.27 L.Pr.Cn.

Encontrándose suficientemente delimitada y controvertida la pretensión, se consideró innecesaria la etapa probatoria y así se resolvió. Notificada la resolución a las partes, éstas no la objetaron, por lo que quedó firme.

Al hallarse el proceso en estado de sentencia, se advierte que no fue notificada del presente proceso la señora Manon Irene Vides Hernández, teniendo ella el carácter de tercero beneficiado, por lo que se resolvió notificarle la demanda presentada. Compareció la referida señora, solicitando se declarara nulo todo lo actuado desde que ocurrió la falta de notificación a su persona, ya que consideraba necesario contar con la oportunidad de expresar sus argumentos y aportar prueba especialmente en cuanto a que el quejoso ha iniciado proceso reivindicatorio ante el Juez de lo Civil de Nueva San Salvador , en el que pide la entrega del inmueble, casi al mismo tiempo en que interpuso la demanda de amparo.

Sobre la nulidad pedida, la Sala tomando en consideración el principio procesal de trascendencia, que establece que en virtud del carácter no ritualista del derecho procesal moderno, para que exista nulidad no basta la sola infracción a la norma, sino que debe producirse perjuicio a la parte y que la falta de dicha comunicación no le causo perjuicio a la señora Vides Hernández, declaró sin lugar la nulidad; pero se le confirió audiencia por ocho días a efecto que alegara lo pertinente y aportara las probanzas para acreditar sus afirmaciones, audiencia de la cual no hizo uso.

II-La demanda se plantea contra la Jueza de Familia de Nueva San Salvador y contra la Cámara de Familia de la Sección del Centro de San Salvador, por motivos diferentes. Contra la primera por violar el derecho de audiencia al no haber resuelto y, contra la segunda por violar el derecho de seguridad jurídica, la propiedad, la posesión y la disposición libre de los bienes. Al ser demandados por motivos diferentes y derechos constitucionales distintos, el análisis debe ser independiente para cada uno de las autoridades demandadas.

Se sostiene que se ha violado el derecho de audiencia, porque la Juez de Familia aun no ha dictado resolución. La falta de resolución que se aduce, lo es de la sentencia definitiva, porque en cuanto a la asignación del uso provisional de la vivienda por parte de la señora Manon Irene Vides Hernández, la referida funcionario si resolvió, haciéndolo incluso con una resolución favorable a los intereses de quien ahora solicita el amparo. Tal como se indicó en el considerando anterior, el Tribunal se convirtió en pluripersonal y, el Juez a quien le correspondió tramitar el caso, ya pronunció la sentencia definitiva, siendo favorable a la persona que presenta la demanda de amparo, consecuencia de lo anterior, se impone un sobreseimiento, porque ya no existe un agravio actual contra el actor.

III-El demandante sostiene la violación de varios derechos constitucionales por parte de la Cámara demandada. El primero que debe de analizarse es el de propiedad, para ello, es necesario determinar si efectivamente es propietario del inmueble sobre el cual manifiesta se le impide la libre disposición. El señor Gallegos Galdámez presentó anexo a la demanda fotocopia certificada de la escritura pública inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad del Departamento de La Libertad, el número sesenta y tres del libro dos mil ochocientos cincuenta y uno, del inmueble marcado con el número diez de la calle número uno de la Urbanización Vía del Mar, de la Jurisdicción de Nuevo Cuscatlan, por lo que probó ser titular del derecho que se dice vulnerado.

Se manifiesta que se ha violentado el derecho de posesión. Según el artículo 745 C., la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de ser señor o dueño. Nada indica en el proceso, que la decisión del Tribunal de alzada conlleve la concesión del derecho de posesión a la señora Vides Hernández, o que ésta haya realizado actos que afirmen ese animo de ser dueña. Se trata de un mero decir del actor, pero fuera de esa afirmación, no presenta un solo argumento o prueba en abono de su manifestación.

En la demanda se sostiene que la decisión adoptada por la Cámara entraña una violación constitucional al derecho a disponer libremente de sus bienes. Nuestra Constitución indica en el artículo segundo, que la persona tiene derecho a la propiedad, consignando luego en el artículo 102 que se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. En razón de ello, el artículo 22 Cn. establece que toda persona tiene derecho a disponer libremente de su bienes conforme a la Ley. Se expresa en el Código Civil en el artículo 568 que se llama dominio o propiedad al derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario.

Por lo expresado, el propietario por regla general puede disponer de sus bienes libremente, a menos que se presente alguna limitación, siendo esto posible por algún mandato legal como las servidumbres, ya sean legales o naturales. Rige el principio que a nadie puede prohibírsele lo que la ley no prohíbe y si otra limitación puede hacerse, es por la propia voluntad del propietario. Según el artículo 568 inciso segundo del Código Civil, la propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad, y de eso es de lo que dispone actualmente el señor Adelo Gallegos, no por su propia voluntad, ni por mandato de ley sino por una decisión judicial, ya que la Cámara de Familia de la Sección del Centro de San Salvador le otorgó a la señora Manón Irene Vides Hernández el uso de la vivienda propiedad del señor Gallegos. Enseña el Derecho Civil que las facultades jurídicas que se derivan de ser propietarios es poder disponer de ella, limitarla o gravarla, siendo las facultades materiales: usarla, gozarla, disfrutarla o consumirla. Lo señalado antes, al contrastarlos con los hechos expuestos en el presente proceso de amparo, revela que el propietario del inmueble no puede disponer plenamente de éste, porque no se le permite el uso ni el goce, esto sin un sustento legal. El artículo 573 C contempla esas facultades complementarias del dominio, que si no se tienen, vuelve ilusorio el mencionado derecho. Aprovechar todo el uso y los servicios que puede obtenerse de una cosa y obtener también sus frutos, se ve limitado en el presente caso. El derecho de disponer consistente en la facultad del propietario de enajenar, gravar , transformar la cosa también se ve limitada, sin un fundamento legal. El Derecho de propiedad se afirma que es consustancial a la persona humana y, aunque el concepto de propiedad como derecho ha experimentado una evolución en el sentido que lo es en función social, no han cambiado empero sus características esenciales. La Constitución reconoce en el artículo 2 el derecho a la propiedad como un derecho fundamental y como nadie puede ser privado de ese derecho sino es con arreglo a las leyes, al no cumplirse con esto último, dado lo expresado en los párrafos anteriores, es procedente dictar sentencia concediendo el amparo solicitado.

Es cierto que las tendencias modernas en el Derecho de Familia, acogen la idea de protección al grupo familiar, lo que es bueno; pero esto no puede entenderse sin guardar coherencia con los principios básicos fundamentales de la Constitución que garantizan el derecho de propiedad y de su libre disponibilidad, lo cual no puede limitarse, sino por causas legales, lo cual no se ha cumplido por la Cámara demandada.

Reconociendo la posibilidad que el traspaso de la vivienda que realizó el señor Berrios Padilla, no se dió respetando las reglas del Código de Familia, no aflora en ello en sí vulneración a normas constitucionales, sino es un asunto de mera legalidad, de modo que corresponde conocerse en los tribunales comunes, tal como lo pretende la señora Vides Hernández quien manifiesta que ha contra demandado en el Juzgado de lo Civil de Nueva San Salvador solicitando la nulidad de la compraventa celebrada entre el señor Armando Berríos Padilla con el señor Adelo Gallegos Galdamez.

Precisado todo lo anterior, es procedente dictar sentencia estimatoria.

IV-Corresponde examinar lo relativo al efecto restitutorio de la sentencia y la responsabilidad de la autoridad demandada. El efecto restitutorio consiste en que la persona agraviada pueda gozar y disponer a plenitud del bien inmueble del cual por ahora no dispone libremente, en consecuencia es de ordenarse que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de tomarse la decisión por la que se solicito amparo.

En lo que respecta a la responsabilidad de los funcionarios del Estado por los daños que causaren en el ejercicio de sus atribuciones, no puede estimarse como una responsabilidad objetiva, esto es, no puede atenderse única y exclusivamente el daño producido, prescindiendo en absoluto de la conducta del funcionario; ya que si bien es cierto que la aceptación de un cargo público implica la obligación de desempeñarlo ajustado a las normas constitucionales, esto no debe llevarse al extremo de no admitir errores excusables.

Es de reconocerse que constituye parte importante de las constituciones modernas, una dedicada a los derechos sociales, además de la tradicional para los derechos individuales. Entre esos derechos sociales, incluye la nuestra una sección denominada "familia", indicando que ésta es la base fundamental de la sociedad y que tendrá la protección del Estado; además que el Código de Familia comprende instituciones y regulaciones nuevas que indican esa protección, y ello llevó a los Magistrados de la Cámara demandados a tomar la decisión que se impugna, en el entendido que lo hacían manteniéndose en el margen constitucional. Cierto es que el Derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, sino que puede ser restringido; pero sin ir más allá de lo que permite expresamente el ordenamiento jurídico salvadoreño. Sin compartir el criterio de la Cámara, este Tribunal ante la ausencia de intencionalidad de los Magistrados de Segunda Instancia, pues no realizaron una actuación abierta contra la Norma Fundamental, sino que fue un reflejo de una interpretación muy amplia de protección familiar, pero como ya se dijo, no aceptable, la responsabilidad se desplaza al Estado.

POR TANTO: Con base en las razones antes expuestas, artículos 32,33,34 y 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, a nombre de la República de El Salvador, esta Sala FALLA: a) Sobreseese a favor de la Jueza de Familia de Santa Tecla; b) Ha lugar al amparo solicitado por el señor Adelo Gallegos contra providencia dictadas por la Cámara de Familia de la Sección del Centro; c) vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes del acto reclamado; d) queda expedito el derecho del demandante de iniciar un proceso de indemnización de daño y perjuicios directamente contra el Estado; e) Notifíquese. ---A. G. CALDERON---V. de AVILÉS---J. E. TENORIO---J. ENRIQUE ACOSTA---M. CLARÁ---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---S. RIVAS DE AVENDAÑO---RUBRICADAS.