1197-2002

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las trece horas con cuarenta minutos del día diecinueve de mayo de dos mil cuatro.

El presente proceso de amparo se inició mediante demanda presentada el día veinte de noviembre de dos mil dos por el señor Francisco Evelio Rubio Reyes, mayor de edad, comerciante, del domicilio de El Sauce, Departamento de La Unión, quien actúa en su carácter personal y en calidad de Presidente y Representante legal del Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce (CADSES); contra providencia del Concejo Municipal de El Sauce, Departamento de la Unión, que considera vulnera su derecho constitucional de libertad de asociación, con inobservancia del derecho de audiencia.

Han intervenido en el proceso, además de la parte actora, la autoridad demandada y el Fiscal de la Corte.

Vistos los autos y considerando:

I. La parte actora manifestó que el Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce (CADSES) tiene su origen en una Asamblea General integrada por los usuarios del agua de dicha localidad, construido por esfuerzo propio y ayuda de desarrollo juvenil comunitario, considerándose una empresa en función social, sin fines de lucro, apolítica y no religiosa, con la finalidad específica de administrar el servicio de agua potable del municipio de El Sauce. Que pese a que en los estatutos del comité –aprobados por la Municipalidad del municipio en mención- se establecieron causales de disolución, el Concejo Municipal decidió cancelar su personería jurídica mediante acuerdo número dos publicado en el Diario Oficial número sesenta y cinco del Tomo trescientos cincuenta y cinco de fecha once de abril de dos mil dos, y adjudicarse directamente la Municipalidad la administración del servicio del agua.

Que dicho acuerdo fue tomado en forma arbitraria y sin el conocimiento de los miembros del comité, existiendo una vulneración a sus derechos constitucionales de libertad de asociación y audiencia, ya que el Concejo Municipal demandado en ningún momento les otorgó la oportunidad de intervenir. En virtud de ello, solicitó se le admitiera la demanda, se ordenara la suspensión del acto reclamado, y en sentencia definitiva se declarare ha lugar el amparo solicitado.

Por resolución de las nueve horas con once minutos del día cuatro de diciembre de dos mil dos, se admitió la demanda, se declaró sin lugar la suspensión del acto reclamado, y se pidió informe a la autoridad demandada, quien no lo contestó.

Posteriormente, se confirió audiencia al Fiscal de la Corte, de conformidad al artículo 23 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, quien no hizo uso de la misma.

Por resolución pronunciada a las nueve horas con veintisiete minutos del día diecisiete de enero de dos mil tres, se confirmó la denegativa de suspensión del acto reclamado, y se pidió informe justificativo a la autoridad demandada de conformidad al artículo 26 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, quien, al contestarlo, manifestó que, efectivamente, con base en la autonomía en lo administrativo, económico y técnico que la Constitución de la República otorga a los municipios, así como en las facultades establecidas en el Código Municipal, por medio de acuerdo municipal se creó el Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce (CADSES), a efecto de que administrara el servicio de agua potable de dicho municipio.

Agregó que en vista de la constante vulneración de los estatutos que reglamentan la administración de dicho comité por parte de los miembros de su Junta Directiva, y en virtud de la comprobación de denuncias de los usuarios hacia su administración, así como por el informe de una comisión investigadora que se formó a efecto de comprobar la veracidad de tales denuncias, en uso de las facultades que le concede el artículo 26 de la Ordenanza Reguladora de Asociaciones de Desarrollo Comunal, procedió a cancelar, mediante acuerdo municipal, la personería jurídica del comité en mención, nombrándose posteriormente una comisión liquidadora. En ese sentido, manifestó además que todas las resoluciones administrativas llevadas a cabo en el proceso de cancelación antes dicho fueron dadas a conocer a la directiva del Comité hoy demandante, por lo que, a su juicio, no han existido las violaciones constitucionales alegadas.

Se corrieron los traslados que ordena el artículo 27 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, al Fiscal de la Corte y a la parte actora. El Fiscal de la Corte, al evacuarlo sostuvo: "En vista del informe rendido por el representante de la autoridad demandada y siendo que ésta reconoce y admite el acto reclamado y no desvirtúa la existencia del proceso o procedimiento previo concedido a la parte agraviada, corresponde al actor como carga de la prueba, en el presente, comprobar tal extremo." Por su parte, el impetrante no contestó el traslado correspondiente.

Mediante resolución pronunciada a las ocho horas con treinta y tres minutos del día tres de abril de dos mil tres, en virtud de encontrarse suficientemente delimitada y controvertida la pretensión planteada, se resolvió omitir el plazo probatorio por considerarse innecesario y traer el presente proceso a sentencia, de conformidad al artículo 29 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

Por escrito de fecha veintiséis de agosto del año pasado, el señor Francisco Evelio Rubio Reyes, en su calidad de presidente y representante legal del Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce, Departamento de La Unión, haciendo uso del derecho de petición solicitó a este Tribunal se dictase sentencia resolviendo el caso planteado, en virtud de manifestar que desde la fecha posterior a la presentación a su demanda, no se le había notificado "ningún tipo de resolución."

Posteriormente, mediante auto pronunciado el dos de marzo del presente año, este Tribunal advirtió que, al admitirse la demanda origen de este proceso, sólo se había tenido por parte al señor Francisco Evelio Rubio Reyes en su carácter de Presidente y representante legal del Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce mas no en su calidad personal –tal cual lo había manifestado en su escrito de demanda- por lo cual se aclaró lo pertinente y se solicitó al mencionado ciudadano que ratificase todo lo actuado en este proceso, requerimiento que fue evacuado en forma afirmativa mediante escrito presentado por el señor Rubio Reyes –por medio de apoderado nombrado para tales efectos, el abogado Jorge Alberto Escalante Pérez-, ante lo cual esta Sala, por interlocutoria dictada el treinta de marzo del corriente año, tuvo por ratificado todo lo actuado por el mencionado pretensor en su calidad personal. Con esta última actuación quedó el proceso en estado de pronunciar sentencia definitiva.

II. Previo a entrar al análisis del fondo de la pretensión planteada, es imprescindible detenerse en una circunstancia advertida durante el desarrollo del proceso que afecta directamente uno de los aspectos formales fundamentales de la pretensión de amparo, concretamente la legitimación activa o legitimación de la parte demandante.

Al respecto, en reiterada jurisprudencia se ha manifestado que la legitimación procesal es la consideración que hace la ley respecto de las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del proceso. En efecto, al iniciarse éste, deben legitimarse activa y pasivamente las personas que intervienen en la "relación", por ejemplo: el acreedor es el único legitimado activamente para reclamarle a su deudor (legitimado pasivamente); el propietario de un inmueble para reivindicar el mismo a través del correspondiente proceso civil y frente al poseedor actual; el que ha sufrido alguna violación a sus derechos constitucionales para pedir amparo frente a la "autoridad" que supuestamente emitió el acto violatorio.

Esto es, pues, lo que conocemos como legítima contradicción la cual, en principio o in limine litis, no es necesario demostrarla sino que basta atribuírsela subjetivamente en la demanda, es decir, basta con el hecho que el demandante se autoatribuya la titularidad del derecho violado y le atribuya al sujeto pasivo vinculado a su pretensión la emisión del acto reclamado.

En ese sentido, el artículo 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales prescribe como una de las causales de sobreseimiento del proceso, la muerte del impetrante, en el entendido que tal evento constituye el final de la vida de una persona natural, con la consiguiente desaparición del legitimado activamente, es decir, de uno de los sujetos procesales de la pretensión. Sin embargo, en reiteradas ocasiones esta Sala ha manifestado que el espíritu de dicha disposición es ilustrativo y no taxativo; lo cual implica que, atendiéndose al verdadero significado de la figura del sobreseimiento en la ley mencionada, puede constitucionalmente interpretarse que el legislador estableció la misma como mecanismo de rechazo para todas aquellas demandas que, por uno u otro motivo, no pueden ser capaces de producir terminación normal del proceso, por ejemplo la falta de legitimación activa advertida en el transcurso del mismo.

En ese sentido, consta a fs. 8, 39 y 51 de este expediente judicial que el Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce (CADSES) fue disuelto por el Concejo Municipal de dicha localidad mediante el acuerdo número dos, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dos asentado en el acta número siete, publicado en el Diario Oficial número sesenta y cinco, tomo trescientos cincuenta y cinco, del once de abril de dos mil dos, y nombrada posteriormente una comisión liquidadora de su patrimonio –fs. 53 y 59-, de lo que se colige que dicha persona jurídica no existe más. En esas circunstancias, carecería de sentido pronunciar una resolución de fondo de la pretensión planteada dado que no existiría sujeto procesal a quien reparar el daño, ante el desaparecimiento de la persona jurídica cuyo representante presentó la demanda origen de este proceso, siendo procedente en consecuencia sobreseer el mismo en lo que a su pretensión se refiere. Empero, es de destacar que el señor Francisco Evelio Rubio Reyes, representante legal del comité hoy extinto, no sólo presentó la demanda en tal carácter sino también en su calidad personal, en el entendido que las actuaciones de la autoridad demandada no sólo vulneraron los derechos de la persona jurídica que representaba sino también los suyos propios.

Por tanto, el sobreseimiento antes dicho opera única y exclusivamente en cuanto a la pretensión del Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce (CADSES), debiendo en consecuencia entrarse al análisis del fondo de la petición esgrimida por el señor Francisco Evelio Rubio Reyes en su carácter personal, es decir, como ex miembro del comité antes dicho, por la presunta afrenta a los derechos de audiencia y asociación incorporados en su esfera jurídica particular.

III. Aclarado lo anterior, corresponde ahora realizar una breve exposición acerca de las categorías jurídicas reclamadas.

Según el texto de la demanda, las categorías jurídicas que la parte actora considera vulneradas con la emisión del acuerdo número dos, emitido, por el Concejo Municipal de El Sauce por el cual se acordó cancelar la personería jurídica de CADSES, son los derechos a la libertad de asociación y audiencia contenidos en los artículos 7 y 11 de la Constitución, dado que el Concejo Municipal de El Sauce canceló la personería jurídica de dicho comité –del cual formaba parte- sin haberle dado oportunidad de defenderse y así hacer valer sus derechos de audiencia y libre asociación consagrados en la Norma Primaria.

Por su parte, la autoridad demandada ha aceptado el acto reclamado pero niega la existencia de vulneraciones constitucionales, dado que afirma haberle notificado a los miembros del hoy extinto Comité –por medio de sus directivos- todas las resoluciones administrativas llevadas a cabo en el proceso de su cancelación, la cual fue realizada dadas las múltiples denuncias de los pobladores de El Sauce en cuanto a constantes irregularidades en el manejo del fluido hídrico por parte de dicha asociación, denuncias que fueron comprobadas mediante la formación de una comisión investigadora que certificó la veracidad de los hechos.

Expuesto lo anterior, se estima pertinente circunscribir el análisis de la pretensión planteada a los siguientes puntos: 1. realizar una breve reseña de los alcances de los derechos de libre asociación y audiencia; 2. analizar las facultades de los municipios en beneficio de sus habitantes y en pro de su desarrollo en el marco de la Constitución; y 3. verificar si, en el presente caso, en el proceso de cancelación del Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce (CADSES), el Concejo Municipal de dicha localidad ejerció sus facultades autónomas con respeto a los derechos constitucionales reclamados por el señor Francisco Evelio Rubio Reyes.

1. (a) Sobre el derecho de asociación, al igual que muchos otros, se tiene que éste deriva de la necesidad social de solidaridad y asistencia mutua. De ahí que el ejercicio de dicho derecho se traduzca en la constitución de asociaciones de todo tipo que, con personalidad jurídica propia, un objeto lícito y una cierta continuidad y permanencia, habrán de servir al logro de los fines, a la realización de las actividades y a la defensa de los intereses coincidentes de los miembros de las mismas. Es así como de esta forma surgen los partidos políticos, sindicatos, asociaciones y colegios profesionales, sociedades mercantiles, fundaciones culturales, de beneficencia y de ayuda mutua, comités de lucha y de defensa, centros y clubes deportivos, etc. Asociaciones existentes en la vida política, económica, social y cultural del país son reflejo del ejercicio del derecho consignado en el artículo 7 de la Constitución de la República, el cual establece en el inciso primero: "Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación".

(b) Por otra parte, el artículo 11 de la Constitución establece en su inciso primero que: "Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes ( ... )". Esta disposición constitucional establece lo que se conoce como derecho de audiencia, el cual es un concepto abstracto en virtud de cuyo contenido se exige, por regla general, la necesaria tramitación de un proceso o procedimiento previo a proceder a la privación de un derecho constitucional. De lo anterior se deduce el contenido estrictamente procesal de dicha categoría jurídica, vinculada estrechamente con el resto de derechos establecidos en nuestra Constitución.

Sucede entonces que la violación al derecho de audiencia puede verse desde un doble enfoque a saber: (a) desde la inexistencia de proceso o procedimiento previo, o (b) desde el incumplimiento de formalidades de trascendencia constitucional que necesariamente han de respetarse en el mismo. En el primer supuesto la cuestión queda clara, en tanto que la inexistencia de proceso o procedimiento, habiendo existido la necesidad de seguirlo, da lugar a la advertencia directa e inmediata de la violación a la Constitución. En el segundo supuesto, sin embargo, es necesario analizar el por qué de la vulneración alegada pese a la existencia de un proceso, el fundamento de la violación y específicamente el acto que se estima fue la concreción de ella.

2. Resulta ahora procedente realizar un breve análisis de las facultades de los municipios en beneficio de sus habitantes y en pro de su desarrollo.

De manera previa, es importante mencionar que la Constitución de la República ha establecido una sección de seis artículos dentro del Capítulo VI, en los cuales establece, entre otros aspectos, la autonomía de las municipalidades en cuanto a lo técnico, administrativo y económico; en razón de ello, la normativa secundaria contenida en el Código Municipal desarrolla dichas facultades constitucionales a fin de que los Municipios puedan dirigir y administrar sus propios asuntos.

Una de las ventajas que ofrece la autonomía municipal en favor de las comunidades consiste en la oportunidad de participación directa de sus miembros en las actividades del gobierno local, favoreciendo la solución de los diversos problemas que les atañen. Asimismo, la participación implica que las mismas fuerzas vivas de las comunidades asumen la administración de los recursos y la ejecución de los proyectos, principalmente cuando la comunidad decide organizarse para constituir las denominadas asociaciones comunales.

Al respecto, el mencionado Código Municipal en su artículo 118 establece que: "Los habitantes de las comunidades en los barrios, colonias, cantones y caseríos, podrán constituir asociaciones comunales para participar organizadamente en el estudio, análisis de la realidad social y de los problemas y necesidades de la comunidad, así como en la elaboración e impulso de soluciones y proyectos de beneficio para la misma. Las asociaciones podrán participar en el campo social, económico, cultural religioso, cívico, educativo y en cualquiera otra que fuere legal y provechoso a la comunidad". Asimismo, el artículo 119 del mismo cuerpo normativo señala que la personalidad jurídica de las asociaciones comunales será otorgada por el concejo respectivo.

En el caso que nos ocupa, se cuenta además con la existencia de una normativa aplicable para la jurisdicción del municipio en comento –El Sauce, departamento de La Unión- la cual es la "Ordenanza Reguladora para la Creación y Funcionamiento de las Asociaciones de Desarrollo Comunal" publicada en el Diario Oficial número ciento noventa y cuatro tomo trescientos veintinueve de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco -cuya fotocopia está agregada en autos a fs. 29-33-, y que fue, según la autoridad demandada, la normativa específica que se aplicó a efectos de cancelar la personería jurídica del Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce (CADSES).

En el caso analizado, deberá determinarse si, en el procedimiento llevado cabo por el Concejo Municipal de El Sauce para cancelar la personalidad jurídica del Comité mencionado con base en la normativa señalada, se respetaron los derechos reclamados por el señor Francisco Evelio Rubio Reyes, como miembro de dicha asociación, en concordancia con lo prescrito en los numerales anteriores.

3. Trasladando las anteriores consideraciones al caso subjúdice se tiene que un grupo de habitantes del Municipio de El Sauce, en ejercicio del derecho de asociación que otorga nuestra Constitución en su artículo 7, decidieron reunirse para formar una asociación de desarrollo comunal y obtener su personalidad jurídica conforme a lo establecido en el Código Municipal, siendo su finalidad, en especifico, la prestación del servicio de agua potable para mejorar la convivencia y desarrollo de la comunidad.

En ese sentido, de la documentación que corre agregada al proceso a fs. 4-6 y 25-28, se advierte que al Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce (CADSES), le fue concedida su personería jurídica mediante el Acuerdo Municipal número tres, emitido por el Concejo Municipal de El Sauce, Departamento de La Unión, el día veinte de enero de mil novecientos noventa y tres. Consta además a fs. 8, 39 y 51, que dicha personalidad le fue cancelada por la misma autoridad mediante el Acuerdo Municipal número dos, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dos asentado en el acta número siete, publicado en el Diario Oficial número sesenta y cinco, tomo trescientos cincuenta y cinco, de fecha once de abril de dos mil dos debido a la supuesta existencia de irregularidades en el desempeño de sus actividades.

Al respecto, la Ordenanza Reguladora para la Creación y Funcionamiento de las Asociaciones de Desarrollo Comunal del Municipio de El Sauce, Departamento de La Unión, en su Título VII artículos 26 al 30, establece los motivos por los cuales se disuelven las Asociaciones de Desarrollo Comunal y el procedimiento a llevarse a cabo para tal fin. Así, en su artículo 28, prescribe: "Si la Asamblea General se niega a reconocer la existencia de una causal o no fuere convocada para ese efecto, cualquiera de los Asociados o vecinos de la Comunidad podrá informar de ello a la Alcaldía. La comisión encargada de las Asociaciones Comunales, al tener conocimiento de la causal de disolución recabará la información necesaria y presentará un informe al Concejo Municipal, para que éste emita un acuerdo mediante el cual se disuelve la Asociación y mande a cancelar la respectiva inscripción."

En ese sentido, consta a fs. 43 de este expediente judicial la denuncia efectuada en contra del Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce (CADSES) por los señores Justo Molina Meléndez y María Concepción Guzmán, de fecha veintidós de febrero de dos mil dos, dirigida a los "señores y señoras miembros de la municipalidad de El Sauce" en virtud de supuestas irregularidades efectuadas en el ejercicio de la administración del agua –tales como destituir y nombrar arbitrariamente a los miembros de la Junta Directa, así como no informar a los usuarios y a la Municipalidad de sus políticas, acciones, presupuestos y plan de trabajo de cada año fiscal-; incumpliendo, de esta forma, tanto los estatutos que rigen al antes relacionado Comité como la Ordenanza citada.

Asimismo, consta a fs. 44 fotocopia de la certificación del acta número cinco de sesión celebrada a las catorce horas del día veinticinco de febrero del año dos mil dos por el Concejo Municipal de El Sauce, en cuyo acuerdo número uno se establece que en vista de las denuncias presentadas en contra del Comité actor de este proceso, y de conformidad a los artículos 26 y 28 de la Ordenanza Reguladora para la Creación y Funcionamiento de las Asociaciones de Desarrollo Comunal del Municipio de El Sauce, Departamento de La Unión, se decidió nombrar una comisión investigadora a efecto de comprobar los hechos denunciados. También a fs. 45 al 48 de este expediente se encuentran agregadas fotocopias de las actas levantadas en diferentes casas del municipio de El Sauce en las cuales constan las entrevistas que la comisión investigadora nombrada realizó a varios pobladores a efectos de verificar la veracidad de las denuncias presentadas en relación a las supuestas anomalías cometidas por la Junta Directiva de CADSES.

En ese orden, a fs. 49-50 consta fotocopia del acta levantada en la Alcaldía Municipal de El Sauce, Departamento de La Unión, a las catorce horas del día doce de marzo del año dos mil dos, mediante la cual los miembros de la Comisión investigadora rinden el respectivo informe al Concejo Municipal de dicha localidad. Además, a fs. 51 aparece agregada fotocopia de la certificación del acta número siete, de fecha dieciocho de marzo del año dos mil dos, en la cual consta que por haberse comprobado la veracidad de las denuncias presentadas según informe de la comisión investigadora, el Concejo Municipal de El Sauce acordó cancelar la personería jurídica del comité tantas veces aludido, fundamentando su actuar en los artículos 4 numeral 28, 7 numeral 14, y 30, todos del Código Municipal y artículo 26 inciso 2, numeral 3 literales b, c, d, e, y g de la Ordenanza Reguladora para la Creación y Funcionamiento de las Asociaciones de Desarrollo Comunal del Municipio de El Sauce, Departamento de La Unión.

También consta a fs. 52 la notificación que se le hiciera a la asociación -de la que formó parte el actor- del acuerdo municipal de cancelación de su personería jurídica, comunicación que fue efectuada en la oficina de CADSES el veintinueve de abril del año dos mil dos. Asimismo a fs. 53, se tiene fotocopia del acuerdo número diez tomado por el Concejo Municipal de El Sauce el día dos de mayo de dos mil dos mediante el cual se decide formar una Comisión Liquidadora del Patrimonio del Comité hoy demandante. Aparece agregado además, a fs. 59, fotocopia de un acta de fecha dieciséis de mayo de dos mil dos, por medio de la cual se juramenta a los miembros de la Comisión Liquidadora mencionada.

En el contexto del análisis y estudio de la prueba relacionada en el presente proceso, es necesario recalcar que dentro de las competencias concedidas a las municipalidades tanto en la Constitución como en el Código Municipal que desarrolla las mismas se encuentra el otorgamiento de personería jurídica a las asociaciones de desarrollo comunal para un mejor funcionamiento de los municipios, por lo cual la municipalidad también tiene lógicamente potestad para dictar normas que rijan las facultades de dichas asociaciones, y proceder a cancelar su personería jurídica cuando éstas incumplan los propósitos para los cuales han sido creadas.

En ese sentido, prima facie se colige que el Concejo Municipal de El Sauce tenía plena competencia para aplicar la Ordenanza Reguladora para la Creación y Funcionamiento de las Asociaciones de Desarrollo Comunal del Municipio de El Sauce, Departamento de La Unión, en lo que se refiere al procedimiento para la cancelación de la personería jurídica del Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce. Sin embargo, y tal cual ha quedado expuesto, cabe advertir que si bien dicha Ordenanza establece un procedimiento para cancelar la personería jurídica de una asociación como la hoy demandante, no se advierte que en tal normativa se establezca para los miembros o directivos de las mismas un mecanismo siquiera sumario a fin de garantizar el derecho de audiencia previo a cancelar la personería de la asociación de la cual forman parte. Es más, en el caso estudiado únicamente está demostrado, como se relacionó supra, que a la Junta Directiva de CADSES le fue comunicado el acuerdo de disolución de su personería como una decisión ya tomada, y no como una posibilidad de defenderse de los hechos indagados, verbigracia, por la comisión investigadora aludida.

Y es que el Concejo Municipal de El Sauce, ante tal vacío legal, debió en todo caso aplicar de manera directa y efectiva el artículo 11 de la Constitución de la República, a efecto de crear un proceso en el cual se facilitara a los integrantes o directivos de la asociación hoy disuelta el ejercicio de los medios necesarios a fin de desvirtuar las imputaciones que se les hacían, ya que las disposiciones constitucionales son de aplicación directa y obligan a todos los aplicadores del derecho.

En ese mismo sentido, es menester traer a colación la sentencia de amparo ref. 192-2001 pronunciada a las trece horas con cincuenta minutos del día veintidós de marzo de dos mil dos, en la cual esta Sala señaló: "Si bien la Constitución y el Código Municipal otorgan a los Municipios potestades en el marco de su autonomía, la cual se traduce en la facultad del gobierno municipal para regular y administrar, dentro de su territorio la materia de su competencia, la cual está referida concretamente al bien común local, esto no implica que dichas facultades puedan ser utilizadas en menoscabo de los derechos constitucionales de los gobernados, entendiendo entonces que el Municipio tiene autonomía para remover a los funcionarios y empleados, siendo previamente oídos y vencidos en juicio con arreglo a las leyes."

En perspectiva con el precedente citado, puede válidamente concluirse también que si bien la Constitución y la normativa secundaria respectiva otorga autonomía a las Municipalidades para regular el funcionamiento de Asociaciones de Desarrollo Comunitario dentro de sus límites territoriales, dicha facultad no implica un cheque en blanco para que una Municipalidad liquide una asociación de ciudadanos sin brindarles a éstos –al menos por medio de sus órganos directivos- la oportunidad previa de saber las razones de la disolución para así poder defenderse. Y es que, las potestades autonómicas conferidas a los Concejos Municipales no son una isla jurídica dentro de la Constitución, por lo cual éstas deben siempre interpretarse en el contexto integral de la misma, lo que conlleva el respeto de las categorías jurídicas consagradas en la misma Carta Magna a favor de los gobernados, entre las cuales se encuentran los derechos fundamentales de constituir y conservar una asociación.

Y es que, si bien es cierto existe la Ordenanza Reguladora para la Creación y Funcionamiento de las Asociaciones de Desarrollo Comunal del Municipio de El Sauce -la cual prescribe el procedimiento a llevar a cabo para casos como el presente-, dichas diligencias no garantizan ni aún en forma mínima el derecho de audiencia de la persona jurídica a ser disuelta o de sus miembros. En consecuencia, considerando además lo expuesto en los párrafos que anteceden, y dado que no existe prueba alguna en este expediente judicial que acredite que el Concejo Municipal demandado haya brindado de algún modo la oportunidad de participar al señor Francisco Evelio Rubio Reyes como miembro del CADSES previo a ordenar la disolución de dicha asociación, se colige que la actuación de dichas autoridades edilicias no fue ajustada a la normativa constitucional, por lo cual se concluye que ha existido un acto violatorio de los artículos 7 y 11 de la Constitución, al haber privado al demandante de su derecho de asociación con transgresión del derecho de audiencia, debiendo en consecuencia ampararlo en su pretensión.

En este sentido, es oportuno aclarar que la decisión adoptada por esta Sala en esta providencia en modo alguno significa un pronunciamiento sobre la veracidad de las imputaciones realizadas en contra del Comité de Administración y Desarrollo de Agua subsistema El Sauce (CADSES) o de sus miembros considerados individualmente –incluido el amparado-, ni sobre el buen o mal manejo del servicio público de agua concesionado por la municipalidad, sino únicamente que en el procedimiento administrativo municipal que se siguió para cancelar la personería jurídica del Comité citado existió vulneración al derecho de audiencia de sus miembros al no habérseles dado la oportunidad de intervenir, vulnerado así además su derecho de libre asociación.

IV. Determinadas las violaciones constitucionales en la actuación de la autoridad demandada, corresponde determinar: (a) el efecto restitutorio de la sentencia estimatoria; y (b) lo relativo a la responsabilidad de la autoridad demandada derivada de la infracción constitucional.

a) Al respecto, es necesario aclarar que cuando este Tribunal reconoce en su sentencia la existencia de un agravio personal, la consecuencia natural y lógica es la de reparar el daño causado, restaurando las cosas al estado en que se encontraban antes de la ejecución del acto violatorio de derechos y restableciendo al perjudicado en el pleno uso y goce de sus derechos violados. Por ello, el artículo 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales señala el efecto normal y principal de la sentencia estimatoria: el efecto restitutorio.

Ahora bien, este efecto restitutorio debe entenderse en forma amplia, es decir, atendiendo a la doble finalidad del amparo: en primer lugar, el restablecimiento del orden constitucional violado; y, en segundo lugar, la reparación del daño causado. Sin embargo, en el presente caso, en virtud de que el acto impugnado ha quedado ejecutado en forma irremediable -pues como consecuencia de la disolución del Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce, se creó una comisión liquidadora de su patrimonio-, la restitución de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, no debe entenderse desde el punto de vista físico, sino desde una perspectiva jurídica-patrimonial, como efecto directo de la sentencia estimatoria.

En ese sentido, como efecto restitutorio patrimonial de esta providencia, el actor tiene expedita la vía ordinaria para cuantificar el monto líquido de su indemnización, haciendo la salvedad que no es competencia de la Sala de lo Constitucional pronunciarse respecto de los elementos que integrarán el monto de dicha indemnización, ya que no pueden mezclarse dos tipos de procesos: uno en sede constitucional, en el cual este Tribunal se limita a declarar la existencia o no de la violación a un derecho constitucional; y otro de daños y perjuicios en sede ordinaria, mediante el cual, el Juez de instancia competente, deberá liquidar los perjuicios y daños equivalentes al valor del agravio ocasionado.

En virtud de lo anterior, la parte actora amparada en este proceso tendrá que cuantificar esta indemnización ante los tribunales competentes a través de la vía correspondiente, ya que el acto fue ejecutado de forma irremediable.

(b) Determinada la existencia de violación constitucional en la actuación de la autoridad demandada, corresponde ahora establecer lo relativo a su responsabilidad.

En el caso particular, se ha verificado el acto violatorio de las disposiciones constitucionales al privar al demandante de su derecho de asociación con inobservancia del derecho de audiencia, siendo claro que la autoridad demandada no ajustó su conducta a la normativa constitucional, tal como ha quedado señalado; por lo que en dicho supuesto, además, queda a opción del actor, de conformidad al artículo 245 de la Constitución, la promoción del proceso civil correspondiente en la respectiva sede ordinaria, dadas las obligaciones que se derivan del pronunciamiento de esta Sala estimando la violación constitucional.

Sin embargo, si bien es cierto que ha existido un acto violatorio de las normas constitucionales al haber transgredido la autoridad demandada el derecho de asociación con inobservancia del derecho de audiencia del demandante, el acto fue realizado en cumplimiento de disposiciones legales, y la autoridad responsable no actuó por error, sino en aplicación de la ley, es decir, que ajustaron su conducta a lo dispuesto en la legislación secundaria, pero no a la normativa constitucional, por lo que no puede imputárseles responsabilidad alguna.

Por las razones apuntadas, esta Sala considera que no siendo constitucionalmente viable trasladar la correspondiente responsabilidad civil a las personas que ejecutaron el acto violatorio, la responsabilidad debe desplazarse al Municipio.

POR TANTO: A nombre de la República, con base en las razones expuestas, y en aplicación de los artículos 2 y 11 de la Constitución y artículos 32, 33, y 34 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala FALLA: (a) Sobreséese este proceso de amparo en lo que respecta a la pretensión planteada por el Comité de Administración y Desarrollo de Agua Subsistema El Sauce (CADSES); (b) Ha lugar al amparo solicitado por el señor Francisco Evelio Rubio Reyes contra el acto emitido por el Concejo Municipal de El Sauce, Departamento de La Unión, que ordenó la cancelación de la personalidad jurídica del mencionado comité del cual el actor formaba parte; (c) queda expedito al peticionario el derecho de promover ante el tribunal competente y conforme a la legislación procesal común, el proceso civil de daños y perjuicios directamente contra el Municipio de El Sauce, Departamento de La Unión, en virtud del efecto restitutorio de esta sentencia, de acuerdo al artículo 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales; (d) queda a opción del demandante promover ante el tribunal competente y conforme a la legislación procesal común, el proceso civil de daños y perjuicios directamente contra el Municipio de El Sauce, en concordancia con lo prescrito en el artículo 245 de la Constitución de la República; (e) óigase en la siguiente audiencia al Concejo Municipal de El Sauce, Departamento de La Unión, para los efectos del artículo 84 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, por no haber contestado el informe prescrito en el artículo 21 de dicha normativa; y (f) notifíquese. ---A. G. CALDERON---V. de AVILÉS---J. E. TENORIO---J. ENRIQUE ACOSTA---M. CLARÁ---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---S. RIVAS DE AVENDAÑO---RUBRICADAS.